En 2016, Bell Canada, Videotron, Group TVA y Rogers Communications demandaron a los distribuidores L3D Distributing (INL3D), Morcor Computers 2000 y Ottawa Tek Corporation por publicitar y vender cajas preconfiguradas con enlaces IPTV pirata al público.

Miles de obras protegidas, ofrecidas por IPTV pirata

En el caso de INL3D, la empresa vendía al menos tres modelos precargados con enlaces que permitían ver 174 canales. A través de ello, se infringieron los derechos de autor de al menos 386 obras protegidas.

Ottawa Tek, por su parte, ofreció cajas precargadas que permitían acceder a 1.408 obras protegidas. Morcor vendió cuatro tipos de dispositivos, además de ofrecer guías de cómo añadir addons de Kodi para acceder a más de 300 canales de TV con acceso al menos a 1.136 obras protegidas.

La acusación pedía una compensación de 20.000 dólares canadienses por obra pirateada, así como 1 millones de dólares en daños y 50.000 dólares para cubrir el coste del juicio. El juez ha determinado que se infringieron los derechos de autor al hacer públicas las obras sin consentimiento.

Tendrán que pagar 20 millones de euros

Sin embargo, las cantidades solicitadas por la acusación eran demasiado elevadas, ya que la cifra alcanzaría los 58,6 millones de dólares canadienses. Por ello, el juez determinó que 10.000 dólares canadienses por obra infringida era una cantidad más que razonable para este caso, por lo que la cifra final que tendrán que pagar entre las tres empresas alcanza los 29,3 millones de dólares canadienses, que equivalen a casi 20 millones de euros.

En el caso de INL3D, la cantidad que tendrán que pagar será de 3,86 millones de dólares canadienses. Morcor tendrá que pagar 11,36 millones, y Ottawa Tek será la que más tenga que pagar con 14,08 millones.

Además, el juez ha determinado que los acusados ignoraron de manera clara los derechos de los demandantes, por lo que también ha determinado que cada empresa deberá pagar 100.000 dólares canadienses en daños. A su vez, también tendrán que pagar 75.000 dólares por los costes del juicio, al cual no asistieron.

Los acusados, en este caso, es probable que ya hayan huido del país, y que cobrar estas cantidades vaya a ser difícil, e incluso imposible. No se ha detallado cuántos usuarios estaban suscritos a estos servicios para ver si las multas eran proporcionales a las cantidades obtenidas, pero es difícil que los ingresos alcanzasen cifras millonarias con las que cubrir la condena.

 

Fuente: adslzone