El operador del servicio de IPTV pirata, llamado Paul Faulkner, ha sido condenado esta semana en Liverpool a 16 meses de cárcel después de declararse culpable de varias infracciones de derechos de autor y fraude. También se le ha condenado por haber pirateado para consumo propio, una condena muy poco común, para lo cual ha recibido una condena adicional de cuatro meses para diferenciarlo de los demás delitos.
16 meses de cárcel por ver y ofrecer IPTV pirata
El servicio de IPTV pirata que ofrecía se llamaba TV Solutions, que permitía ver partidos de la Premier League y de canales de Sky (desde películas a todo tipo de deporte) a cambio del pago de una suscripción anual. Esta actividad era su segunda vía de ingresos, pero el juez ha determinado que se trata de un fraude muy sofisticado, ya que implicaba el uso de una VPN, y llevaba varios años operando. El servicio se publicitaba a través de redes sociales, y costaba 50 libras al año.
El director de servicios legales de la Premier League, Kevin Plumb, ha afirmado que van a seguir tomando acciones legales contra todo aquel que ofrezca acceso no autorizado de contenido de la Premier League, independientemente del tamaño de la operación.
4 meses de cárcel por ver IPTV pirata
Además, también ha recordado que el hecho de que se le haya condenado durante cuatro meses más por haber consumido contenido pirata debe dejar claro que no se trata de un «área gris» donde no se sabe si se está haciendo algo legal o ilegal, donde está claro que quieren que sirva como ejemplo y disuasión a quienes vayan a consumir contenido pirata sin pagar.
Curiosamente, en 2016, la Comisión Europea determinó que el acto de consumir contenido pirata no era ilegal. En 2017, no obstante, eliminaron cualquier duda al respecto al concluir que la venta de dispositivos IPTV y ver contenido pirata en streaming era lo mismo que una infracción de derechos de autor.
La asociación antipiratería FACT (Federation Against Copyright Theft), que ha sido quien ha denunciado el caso, afirma que va a continuar trabajando para monitorizar las plataformas y redes usados para publicitar, vender y distribuir aplicaciones, dispositivos y enlaces para ver contenido pirata.
Cuando encuentran un anuncio de este tipo, lo único que tienen que hacer es tirar del cable para intentar encontrar cualquier posible dato personal, como número de teléfono, correo electrónico, o simplemente una dirección IP si no se ha usado una VPN para esconderla. Con ello, el juez luego puede solicitar a las compañías propietarias de esa información los datos para identificar al usuario, y ya pasar a demandarle por la actividad tras llevar a cabo las correspondientes diligencias.
Fuente: adslzone
