Hace solo unas semanas el artículo 13 fue rechazado por el Consejo Europeo debido a diversos desacuerdos entre algunos países, tal y como os informamos en su momento, aunque podría ser que ese rechazo fuese tan solo temporal y que se volviese a proponer en breve, en concreto a lo largo de esta próxima semana.
Sin embargo en estos momentos un grupo de organizaciones pertenecientes a diversos sectores relacionados con la industria de la música, la radiodifusión y el deporte, acaban de pedir a la UE que anule el artículo 13 propuesto por completo. Este es un grupo que viene encabezados por la IFPI o “International Federation of the Phonographic Industry”, que se supone que es la voz mundial de la industria de la música y que anteriormente era el mayor partidario de la nueva legislación propuesta.
Pero las cosas han cambiado tras los «retoques» que se ha ido dando a este artículo 13, por lo que estos grupos ahora aseguran que es mejor que no se apruebe ninguna directiva en absoluto, ya que es preferible no tener ninguna a tener una mal redactada. Y es que el proceso para la aplicación del artículo 13 propuesto por la UE comenzó relativamente bien para las industrias del entretenimiento, pero en los últimos meses han empezado a surgir grietas, llegando en algunos puntos a considerarse como un total caos.
Sirva como ejemplo lo que ha venido sucediendo con el cao del portal streaming de vídeo, YouTube, en principio uno de los grandes afectados, pero que tras las numerosas quejas recibidas desde multitud de sectores, como los propios youtubers, la cosa ha cambiado un poco. Es entonces cuando se empezaron a modificar algunas normas establecidas en un principio, llegando a un punto en el que los titulares de los derechos comenzaron a quejarse de estos cambios, ya que, bajo su punto de vista, empezaron a favorecer al propio portal de vídeos.
De hecho la MPA (Motion Picture Association), la Premier League y LaLiga española, entre otros, el pasado mes de diciembre ya anunciaron que estaban preocupados por las nuevas propuestas relativas a la responsabilidad para los grandes servicios de Internet, ya que ganarían poder en el mercado y no lo perderían, como estaba previsto en un principio.
Varias industrias del entretenimiento ahora quieren que el artículo 13 se rechace
Poco después, algunas de las principales organizaciones del entretenimiento como la mencionada IFPI, se quejaron de que si el artículo 13 se aprobaba en su forma actual, estarían peor que antes, de hecho para las mismas la cosa iba a empeorar, por lo que ahora, tal y como está redactado el texto, consideran que lo mejor es que se rechace por completo.
De este modo, en una carta abierta organizaciones como IFPI, IMPALA, la Premier League, o LaLiga española, entre otras organizaciones, han pedido a la UE que elimine por completo el artículo 13, ya que es su estado actual, argumentan, la legislación propuesta no reforzará las posiciones de los titulares de derechos de autor europeos, sino todo lo contrario. Así tal y como afirman “a pesar de nuestro compromiso en los últimos dos años para encontrar una solución viable y de haber propuesto varias alternativas positivas, el texto tal y como está redactado ya no cumple con estos objetivos”.
Al mismo tiempo agradecen a las partes involucradas en todo ello los esfuerzos que se han llevado a cabo a lo largo de estos últimos meses, así como los intentos por alcanzar un buen acuerdo durante las negociaciones, pero estas organizaciones afirman que el texto contiene elementos que van en contra de los principios de los derechos de autor de la UE y el derecho internacional.
Por tanto y teniendo en cuenta todo lo expuesto por estos grupos en la referida carta, se dice que visto lo visto, prefieren no tener ninguna nueva directiva, como sería el controvertido artículo 13, a tener alguna mal hecha y que termine siendo aún más perjudicial para sus intereses.
En resumidas cuentas, que a pocos días de que sepamos lo que pasará finalmente con el artículo 13, tal y como os comentamos esta misma semana, ahora la industria musical mundial, entre otras de las afectadas, han pedido a la UE que se cancele el mismo, ya que consideran que en su estado actual ya no defiende sus intereses, sino que incluso podría perjudicarlos más que antes.
