Son tiempos de cambio en España y en el mercado de las telecomunicaciones, la propuesta de la CNMC que tiene como punto más conflictivo la apertura de la red de fibra óptica de Telefónica a sus rivales, ha supuesto un auténtico vendaval de decisiones y declaraciones. La obligación de compartir su red en toda España salvo en nueve ciudades (Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, Valencia, Alcalá de Henares, Badalona, Coslada y Móstoles) ha traído consigo mucha polémica.
“se promueva el despliegue de redes y la inversión eficiente en materia de infraestructuras”
Ahora Telefónica consigue un nuevo apoyo en su cruzada contra esta nueva regulación. El Grupo Popular se alinea con la operadora y en contra de la CNMC, hasta tal punto que han presentado una moción en el Senado. En ella, se reclamar a este regulador “un marco jurídico de telecomunicaciones claro, que proporcione certidumbre y seguridad jurídica” y que “se promueva el despliegue de redes y la inversión eficiente en materia de infraestructuras”. El texto será debatido en el próximo pleno.
También se hace mención a que esta regulación puede hacer que Telefónica deje de invertir 800 millones de euros durante 2015 y que se llegue a producir una España de dos velocidades, algo que, según el texto presentado por el Grupo Popular, va en contra “de la filosofía y de la letra de la Ley General de Telecomunicaciones”, aprobada recientemente.
Temor a producir una España de dos velocidades, fibra y cobre
El de PP no es el único apoyo público que ha recibido Telefónica. El sindicato UGT también está en contra de que la operadora debe revender la fibra óptica a sus rivales, al entender que tendría un importante impacto sobre el empleo. Creen que se basa únicamente en conceptos de competencia y libre mercado y no tiene en cuenta otras cuestiones.
