Tras prorrogarse su entrada en vigor un año, estamos a un par de meses de que la Ley nos proteja más frente a las llamadas comerciales no deseadas. Hasta ahora, la única medida era apuntarse a la Lista Robinson contra el spam, pero su efectividad era cuanto menos cuestionable.

Adiós al spam telefónico

El pasado 30 de junio de 2022 entró en vigor la Ley 11/2022, reforma de la Ley General de Telecomunicaciones, salvo el derecho de las personas usuarias finales a no recibir llamadas no deseadas con fines de comunicación comercial, que fue prorrogada y entrará en vigor el día 30 de junio de 2023, según se dispone en la Disposición Final Sexta.

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«El derecho de los usuarios finales a no recibir llamadas no deseadas con fines de comunicación comercial contemplado en el artículo 66.1.b) entrará en vigor en el plazo de un año a contar desde la publicación de la ley. Hasta ese momento, los usuarios finales de los servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al público basados en la numeración podrán seguir ejercitando el derecho a oponerse a recibir llamadas no deseadas con fines de comunicación comercial que se efectúen mediante sistemas distintos de los establecidos en el artículo 66.1.a) y a ser informados de este derecho».

A partir de esa fecha, la legislación española reconocerá el derecho de una persona a no recibir llamadas comerciales no deseadas, limitándolas a aquellas personas que hayan dado su consentimiento previo.

Cambio legislativo a favor del usuario

Con el cambio de ley, el Artículo 66, que se dedica al «derecho a la protección de datos personales y la privacidad en relación con las comunicaciones no solicitadas, con los datos de tráfico y de localización y con las guías de abonados» cambia. Se dedica el apartado 1 de este Artículo a regular el derecho de los usuarios finales a la protección de datos personales y la privacidad en relación con las comunicaciones no solicitadas, incluyendo en su letra b) el derecho a no recibir llamadas no deseadas, con las excepciones que el mismo precepto contempla:

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«Respecto a la protección de datos personales y la privacidad en relación con las comunicaciones no solicitadas los usuarios finales de los servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al público basados en la numeración tendrán los siguientes derechos:

a) a no recibir llamadas automáticas sin intervención humana o mensajes de fax, con fines de comunicación comercial sin haber prestado su consentimiento previo para ello.

b) a no recibir llamadas no deseadas con fines de comunicación comercial, salvo que exista consentimiento previo del propio usuario para recibir este tipo de comunicaciones comerciales o salvo que la comunicación pueda ampararse en otra base de legitimación de las previstas en el artículo 6.1 del Reglamento (UE) 2016/679 de tratamiento de datos personales».

Miles de reclamaciones anuales

A partir del 1 de enero de 2022, las principales operadoras de telecomunicaciones firmaron un acuerdo en el que obligaban a todos sus callcenters a consultar la Lista Robinson para evitar llamar a números que figurasen en ella y a limitar las llamadas comerciales a un horario «de oficina». Así, la normativa recoge que no te llamarán antes de las 10:00 de la mañana, ni entre las 15:00 y las 16:00, ni más tarde de las 21:00.

Las operadoras se obligan a hacer auditorías para verificar que sus distribuidores cumplen con estas normas y a cancelar cualquier contrato que no cumpla con estas normas éticas. Sin embargo, estas prácticas no siempre se cumplen. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) se ve obligada a archivar las denuncias por spam telefónico contra operadoras de telecomunicaciones cuando se demuestra que los centros de llamadas están situados fuera de nuestras fronteras. Son algo así como paraísos fiscales para el spam telefónico desde donde no funciona la famosa Lista Robinson. Esperemos que la nueva normativa del 30 de junio también aplique en estos casos.

En 2022 se han presentado ante la AEPD 15.128 reclamaciones, lo que supone un aumento de un 9% respecto a 2021 y un 47% respecto a 2020. Y la gran mayoría es por spam telefónico.

 

Fuente: adslzone