El condenado utilizó un aparato de rellamada automática a números de tarificación especial de su propiedad y más tarde intentó recuperar la inversión reclamando a varios operadores, entre ellos Digi.
Estafa masiva con 345.000 llamadas
El Tribunal Supremo español ha confirmado una condena de 10 meses de prisión contra un estafador que realizó 345.675 llamadas a números especiales entre la noche del 7 de septiembre de 2012 y la mañana del lunes 10, con el fin de cobrar los 195.000 minutos que utilizó.
El individuo usó alrededor de 100 tarjetas SIM que fueron compradas previamente por 27 personas en Rumania. A pesar del coste que supuso, esperaba recuperar la inversión con los 305.566,62 euros que reclamaba a la compañía telefónica Digi.
Lo consiguió a través de una factura en cascada que empezó con Ono, luego pasó a Telefónica, Jazztel y finalmente llegó a Digi, pero la empresa se percató del tráfico anómalo y solicitó a la CNMC que lo interrumpiera. La empresa también retuvo el pago asociado.
El estafador también creó una factura falsa de un tercero, lo que resultó en una condena por falsificación de documentos. El Tribunal Supremo considera que hay indicios de que el estafador organizó la estafa porque conocía el sector y cómo funcionaba. El objetivo del estafador era puramente recaudar dinero, por lo que el caso destaca que las empresas que se benefician de los números con tarifas especiales, como 905, 803, 806, 807 o 118, a menudo están detrás de estas estafas, aunque los pagos se realicen a través de facturas telefónicas.
El acusado utilizó una simbox para automatizar las llamadas y realizarlas de forma simultánea. Una única persona habría necesitado 135 días (cuatro meses y medio) para sumar los 195.000 minutos continuados.
La Fiscalía da la razón al operador
La entrada del organismo también supuso la intervención de la Fiscalía. La sentencia destaca que el acusado conocía el sector y se dedicaba a la seguridad informática y la detección de fraudes. La cantidad podría haber sido superior, pero la empresa se percató del fraude y retuvo el cobro asociado.
Aunque el caso tuvo lugar en septiembre de 2012, es ahora cuando hay una sentencia firme del Tribunal Supremo contra el acusado, que recurrió la condena por delito de falsedad de documento mercantil e intento de estafa de la Audiencia Provincial.
La primera sentencia da por probado que el acusado se reunió en septiembre de 2012 con al menos un miembro del consejo de administración de Digi y se interesó por su operativa. La sentencia, apuntan, parte de un dato «esencial»: se realizó un tráfico de llamadas fraudulento «que generó un crédito inexistente y artificial del que el único beneficiario era el acusado». El Supremo también cree que hay indicios para concluir que el acusado instrumentó el fraude, tanto porque conocía cómo funciona el mercado como porque todo ocurrió tras su conversación con el directivo de Digi.
