El pasado 23 de julio conocimos oficialmente las intenciones de Orange y MásMóvil para fusionarse. En aquel momento firmaron un acuerdo vinculante para combinar sus negocios en España que daría como resultado el mayor operador de nuestro país con más de 27 millones de líneas entre móvil y fijo. Este se colocaría en segundo lugar en ingresos por detrás de Telefónica. El acuerdo tomó la forma de una Joint Venture 50-50 con igualdad de derechos de gobernanza y esperaban que todo estuviera cerrado en la segunda mitad del año 2023, algo que puede cumplirse perfectamente.
Investigación en profundidad por la fusión
Como ya sabemos, este tipo de operaciones requiere el visto bueno de las autoridades de competencia competentes. Aunque es cierto que prácticamente todas las operaciones se aprueban en la primera fase o fase de investigación preliminar, existen algunas que deben pasar a la “fase 2” por sus características. En este caso, al tratarse de competidores muy cercanos y cuya unión podría comprometer la competencia efectiva.
En esta fase, los técnicos de la Comisión europea encargados de llevarla a cabo tienen que recabar muchos más datos, documentos internos y otras cuestiones, como visitas presenciales a las empresas, para hacerse una idea completa del alcance de la operación. En los 90 días de plazo que tienen por delante también realizarán una serie de pruebas que miden los efectos de la fusión.
A partir de aquí, se abren varios escenarios. El primero es que se apruebe la operación sin contraprestaciones, algo que parece complicado. El segundo es que se impongan esas contraprestaciones o remedies que las operadoras deberán poner en manos de terceros operadores para que la competencia no se vea afectada (espectro de frecuencias o acceso a la fibra, por ejemplo). La tercera vía es que se deniegue la operación por entender un riesgo para los consumidores.
Temor a una subida de precios
Entre los aspectos mencionados en el informe preliminar se indica que es necesaria una segunda fase debido a que “son competidores cercanos en los mercados españoles de prestación minorista de servicios de telecomunicaciones móviles; servicios de acceso de banda ancha fija; y paquetes de servicios múltiples, por ejemplo, servicios convergentes de telefonía móvil y fija”.
Sin embargo, el punto más controvertido llega cuando se indica que “disminuiría el número de operadores de red en España” y que “podría dar lugar a precios más elevados y una menor calidad de los servicios de telecomunicaciones para los clientes”. A todo eso, se añade que podría “restringir el acceso de los operadores virtuales a la red móvil al por mayor y a los servicios mayoristas de acceso a la red fija”. Por todo ello, Margrethe Vestager, vicepresidenta ejecutiva a cargo de Competencia, ha explicado que abren una investigación exhaustiva sobre la operación.
Apoyos a la fusión
Pese a las reticencias de Bruselas, lo cierto es que la operación ha recibido apoyos desde varios lugares y personas. Sin ir más lejos, hace unos días que el presidente de Telefónica, José María Álvarez Pallete, dijo que “creo que la fusión tiene que ser aprobada con mínimos remedios o sin remedios, porque uno analiza el impacto de las redes con quien compite, y lo que se pone de manifiesto es que el mercado español ya es distinto”.
Pallete siempre ha defendido la necesidad de apostar por la consolidación del mercado de las telecomunicaciones en Europa para mantener la competitividad frente a otros mercados como el norteamericano y el asiático. Allí tienen unos pocos operadores que cuentan con la fuerza suficiente para rentabilizar sus inversiones mientras que aquí tenemos cientos de operadores que hacen muy complicado mantener ese ritmo inversor.
Fuente: adslzone
