Como seguro que ya sabes, LaLiga está intentando proteger el fútbol a toda costa y eliminar la reproducción ilegal de los partidos que realizan algunos usuarios. Para ello, desde hace meses están realizando bloqueos que no solo atacan a las emisiones pirata, sino que también afectan a páginas web y servicios legales. Si bien la polémica tardó en llegar al Congreso, al final lo hizo de la mano de ERC. Ahora conocemos la respuesta del Gobierno a través de un documento fechado el 1 de octubre de 2025 con el número de entrada 83448.

Poniéndonos en situación

Para comenzar, el Gobierno explica que los bloqueos se están realizando de la mano de las “operadoras de servicios de Internet” cumpliendo “diversas sentencias judiciales” que derivan de procedimientos relacionados con la propiedad intelectual.

La respuesta del Gobierno determina que los procedimientos que se están llevando a cabo tienen la intención de impedir que aquellas páginas web ilegales puedan crear “webs sucesoras” para seguir delinquiendo. Y, al respecto de cómo funciona el proceso, el Gobierno indica en su respuesta “LaLiga y Movistar tienen la obligación de facilitar a las operadoras la relación actualizada de IPs o dominios que deban ser objeto de dichas medidas”.

Además, explican que, si los bloqueos se realizan a nivel de IP, es con la intención de “garantizar la efectividad de las decisiones judiciales” frente a las posibles maniobras de evasión. Hasta este punto, la respuesta se limita a seguir lo que ya conocemos.

¿Qué opina el Gobierno?

Hay distintos puntos que analizar de la respuesta que ha publicado el Gobierno y que puede servir como punto de apoyo para la evolución de la situación por la que pasa el país con los bloqueos de LaLiga.

El Gobierno está vigilando

Aunque, como era de imaginar, el Gobierno no se posiciona directamente en contra de las acciones que se están realizando, sí que arroja cierta luz de esperanza para las personas o negocios que sufren los bloqueos. Así, en su respuesta, el Gobierno reconoce que los bloqueos derivan de “decisiones judiciales en las que la Administración no ha sido parte y cuya ejecución corresponde exclusivamente al Poder Judicial”. Se menciona el artículo 117 de la Constitución Española para apoyar su forma de actuar, pero, además, indica lo siguiente:

“El Gobierno permanece atento al debate público generado en torno a estas decisiones”.

Además, en la respuesta se recuerda que los afectados pueden recurrir las decisiones judiciales de manera judicial en el caso de que crean que vulneran sus derechos.

Faltan quejas formales

Siguiendo con la respuesta, el Gobierno hace hincapié en varios aspectos que podrían servir como base para elaborar el siguiente movimiento en lo que ha sido denominado como la campaña LaLigaGate. Así, indican lo siguiente:

  • El Ministerio de Cultura no habría recibido, al menos hasta el momento de elaborar esta respuesta, ni quejas formales ni comunicaciones de lo que denominan como “casos concretos de sobrebloqueo”.
  • El Gobierno “anima a las personas o entidades potencialmente afectadas a trasladar sus casos por las vías previstas”. Además, el Gobierno “anima a las partes afectadas a acudir a los tribunales”.
  • Reconocen no tener información cuantitativa sobre los posibles daños que hayan generado los bloqueos. Y explican el motivo: “porque no se han notificado oficialmente a la Administración”.

A lo largo de la carta se insiste en varias ocasiones en la importancia de plantear reclamaciones y posibles acusaciones en el entorno de los “mecanismos judiciales pertinentes”.

¿Qué ocurre a partir de aquí?

En la respuesta, el Gobierno también ha indicado que “seguirá con atención estos casos”. Añade que es importante que exista un “equilibrio adecuado” entre lo relacionado con “la propiedad intelectual y las libertades fundamentales”.

El organismo menciona que, “si se acreditan actuaciones irregulares”, el Gobierno confía en que puedan ser “investigadas y sancionadas conforme a Derecho”. También hablan sobre cómo, para evitar que se produzcan incidencias similares, las decisiones judiciales se tendrán que aplicar “con criterios de precisión y respeto a los derechos fundamentales”.

El mensaje que se puede sacar en claro de la respuesta del Gobierno se concentra en tres puntos que resultan fundamentales para visualizar cómo puede evolucionar la situación de los bloqueos:

  1. El reconocimiento del Gobierno de los problemas que se están generando e incluso el reconocimiento en la carta del término “LaLigaGate”.
  2. El Gobierno anima a los afectados a que lleven sus casos por la vía judicial para que se hagan respetar sus derechos.
  3. La supervisión que va a realizar el Gobierno de la situación para “valorar posibles medidas en el marco de sus competencias”.

Por lo tanto, aunque hay unos procedimientos a seguir y el Gobierno no tiene intención de pasar por encima de las decisiones judiciales, sí que reconoce lo delicada que es la situación y no ignora lo que está ocurriendo. Esto podría significar que los bloqueos podrían estar un poco más cerca de llegar a su final o de, finalmente, usar procedimientos que no afecten a terceros inocentes.

 

Fuente: Respuesta del Gobierno | adslzone