La Comisión Europea presentó una revisión de la Cybersecurity Act (CSA) el pasado 20 de enero. Un movimiento que ha sorprendido a los operadores, que explican que, de cumplirse, esto podría provocar un importante incremento en la factura del consumidor, como consecuencia del incremento de los costes que ocasionaría.
Europa sigue queriendo blindar las comunicaciones de nuestro continente y, para conseguirlo, quiere desprenderse de todos los equipos de proveedores que sean considerados de alto riesgo. La propuesta de revisión de la Cybersecurity Act (CSA) por parte de la Comisión Europea ha alertado a los principales grupos de telecomunicaciones, que alertan que de llevarse a cabo una “sustitución a gran escala”, se verían obligados a tener que asumir un importante incremento de los costes, lo que en último término se podría traducir en una subida en las tarifas a sus clientes.
En la carta dirigida a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, las principales asociaciones del sector, como GSMA y Connect Europe, advierten que este movimiento no puede llevarse a cabo “sin perturbar la calidad y la disponibilidad del servicio”.
Las medidas voluntarias se transformarían en obligatorias
En el pasado, ya hemos asistido en diferentes ocasiones al conflicto que diferentes proveedores, como Huawei, están provocando en Europa, según los datos que se contemplan desde Bruselas. Ahora, los grandes grupos de telecomunicaciones han mostrado su preocupación, dado el impacto que tendría para sus cuentas en el caso de que las medidas voluntarias que existen actualmente se conviertan en obligatorias. Y, por tanto, se encuentren ante la necesidad de tener que dedicar grandes cantidades de recursos a identificar, localizar y sustituir los equipos que ya están instalados.
Según el cálculo de los costes que ha realizado la propia Comisión Europea, se trataría de un proceso que tendría un coste de entre 3.400 y 4.300 millones de euros para los operadores móviles y se debería completar en un periodo máximo de tres años.
Además de los costes fijos, las dos organizaciones mencionadas previamente han mostrado su sorpresa, al considerar que el marco legal que se está valorando incluye unas medidas que van más allá de lo necesario para cumplir con la regulación y, por tanto, para garantizar la seguridad de Europa en materia de telecomunicaciones.
Los grupos españoles, afectados
En la información que recoge el diario TheObjective, y que ha sido publicada hace unos pocos minutos, afirma que los grupos españoles han alzado la voz para advertir de los riesgos a los que nos estamos enfrentando. Meinrad Spenger, CEO de MasOrange, ha defendido la colaboración entre las operadoras y los mejores socios tecnológicos, con el objetivo de brindar el mejor servicio a sus clientes. Al mismo tiempo, también se ha mostrado optimista de cara a adoptar medidas de protección específicas para proteger a nuestras redes de comunicación, evitando los vetos generalizados que tienen un coste mucho mayor.
Emilio Gayo, Consejero Delegado de Telefónica, ha tenido una opinión bastante similar en su intervención, destacando que Europa retrocedería el avance en materia de telecomunicaciones si ahora tienen que dedicar recursos a esta tarea. Recordamos que Telefónica se ha dirigido a Bruselas en varias ocasiones, manifestando la necesidad de flexibilizar el marco legal para que las fusiones entre operadores sean más sencillas y permitan la consolidación del mercado para competir con otras regiones como Estados Unidos o China.
De momento, la Comisión Europea todavía no se ha pronunciado. Sin embargo, lo que parece claro es que de confirmarse, el usuario podría verse abocado a un nuevo incremento como consecuencia del incremento de los costes de cada infraestructura.
Fuente: The Objective | adslzone
