Finalmente y tras el debate que ha tenido en el congreso, la mayoría de parlamentarios ha apoyado las enmiendas incluidas en el texto en el Senado. La nueva ley cumple con los requisitos que la pedía la oposición lo que garantiza su aplicación a largo plazo, por lo que los cambios aprobados en el día de hoy van más allá de la actual legislatura y serán claves en el futuro.
Entre las novedades, el Gobierno se ha comprometido con todos los ciudadanos a ofrecerles como mínimo una conexión a Internet de 10 Mbps para dentro de tres años, es decir, para el año 2017. Aunque para muchos, habitantes de grandes ciudades, pueda parecer una ridiculez, lo cierto que todavía existen personas en nuestro país que no tienen acceso a un servicio tan fundamental o lo tienen a velocidades que no les permite realizar acciones que otros llevan a cabo sin problemas.
El compromiso va incluso un poco más allá, y para 2020, todos tendremos garantizado acceso a Internet a 30 Mbps según el Gobierno y como poco la mitad de los habitantes de España tendrá acceso a velocidades superiores a los 100 Mbps que por ahora pocos disfrutan. Por último, se coordinarán con las comunidades autónomas para alcanzar esos 30 Mbps en centros públicos como universidades, colegios o bibliotecas para 2016.
Esta situación será posible en parte gracias a los cambios introducidos que fomentan el uso compartido de infraestructuras entre compañías así como simplifica en términos administrativos el despliegue de las redes de nueva generación, fibra óptica y 4G, proceso en el que están inmersos los principales operadores del país que tendrán menos dificultades a la hora de obtener las licencias pertinentes.
Además, según Félix Lavilla, la nueva ley “favorece la creación de empleo, fomenta la economía digital y la I+D, garantiza la cohesión social y territorial, mejora la coordinación entre administraciones y protege a los consumidores” que coincide en muchos de estos puntos con Javier Puente que explicaba como las novedades ayudarán a los usuarios a tener mayor capacidad de elección del operador, acceso a productos y servicios de más calidad y a un precio menor.
Las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sido otros de los puntos principales. Y es que el organismo contará con más poder gracias a las conocidas como “competencias residuales”, una mayor capacidad sancionadora y el reconocimiento de funciones en el papel como asesor y árbitro. La nota discordante ha sido el tema de la salud pública. Chesús Yuste, de Izquieda plural y Rosana Péres, del BNG, se han puesto de acuerdo en reclamar contra la falta de medidas de precaución y protección para la salud pública y el medio ambiente
Fuente: europa press | adslzone
